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México espera el perdón de Trump tras el ultimátum dado

9 de septiembre de 2019 9:18 am | Migración | Ciudad de México

(La Razón).- Los 90 días de plazo terminaron. El acuerdo migratorio al que llegaron Estados Unidos y México el pasado 7 de junio fijaba ese periodo para frenar el flujo migratorio que cruza la región hasta la frontera.

Ahora es momento de que Donald Trump decida si está satisfecho con los resultados o impone condiciones más duras a su vecino; aunque en los últimos tres meses muchas cosas han cambiado para los migrantes que tratan de alcanzar Estados Unidos.

«La estrategia de nuestro país ha sido exitosa», dijo el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, al hacer balance del acuerdo, y anunció que México había reducido un 56 por ciento el tránsito de migrantes entre mayo y agosto.

Con estos datos como credencial acudirá Ebrard a una reunión mañana en Washington con su homólogo, Mike Pompeo. Allí se decidirá si México recibe el aprobado oficial o aún debe convertirse en tercer país seguro, una figura similar a la de Turquía en la crisis de refugiados sirios, o si Trump vuelve a amenazar con aranceles a las importaciones, una opción menos probable, pero que nadie descarta.

Ebrard reiteró que no aceptarían esa condición, que obligaría a México a tramitar todas las solicitudes de asilo, aunque de facto ya ejerce un papel similar desde que aceptó recibir en su territorio a los aspirantes a refugiado mientras se resolvían sus casos. El ministro confirmó que en estos tres meses Estados Unidos les ha devuelto a 23 mil 607 solicitantes por esa vía.

Fruto del acuerdo, la Administración de López Obrador ha enterrado definitivamente la política de «brazos abiertos» con la que inició su mandato hace nueve meses. Ha desplegado 25 mil 500 militares y efectivos de la nueva Guardia Nacional para reforzar el control en las fronteras y las rutas hacia el norte. Entre enero y septiembre, México detuvo a 138 mil migrantes, de los cuales 134 mil han sido devueltos a sus países.

A cambio, Washington se comprometió a financiar un programa de desarrollo para el sur del país y Centroamérica que ataque las causas del éxodo, aunque solo se ha centrado en la creación de empleos y no se conocen medidas para frenar la violencia.
Hasta la fecha, Washington autorizó mil 200 millones de dólares de los ocho mil prometidos en total, según Ebrard.

Este viraje radical en la gestión migratoria es cuestionado por las organizaciones de atención a migrantes, que denuncian condiciones pésimas en las estancias. Salvador Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, confirma a LA RAZÓN el hacinamiento, la falta de seguridad y de higiene que se vive estos días en la estación Siglo XXI en Tapachula (Chiapas).

Visita dos veces por semana el mayor centro de detención migratoria del país, «una auténtica cárcel», según sus palabras, y explica que, aunque el flujo de centroamericanos ha bajado los últimos meses, las instalaciones están repletas por el mayor número de detenciones que se han practicado.




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