Baja California - Domingo 15 de Septiembre

Avalan empresarios de Ensenada amparos contra consulta de la "Ley Bonilla"

11 de septiembre de 2019 10:50 am | Regional | Ensenada, BC

El Centro Empresarial de Ensenada avala las demandas de garantías promovidas por el presidente de la Federación de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Baja California (Coparmex) y dirigentes del Centro Empresarial de Mexicali en contra de la Consulta Ciudadana fuera del marco legal que pretende realizar el Congreso del Estado.

Marco Isaac Navarro Steck, recordó que los días 27 y 28 de agosto los dirigentes de Coparmex de Baja California, Armando León Ptacnik, de Mexicali Ernesto Elorduy Blackaller y Francisco Florentini Cañedo, presentaron ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en el que señalaron como autoridad responsable al Congreso del Estado.

La demanda es en contra del acuerdo que establece que: “…se aprueba realizar una consulta directa ciudadana...para que, de forma abierta, transparente y democrática, se conozca el sentir de las y los ciudadanos bajacalifornianos, respecto de la ampliación de 2 a 5 años de la gubernatura, y que el resultado de tal manifestación ciudadana sea tomada como mandato por esta Legislatura del Estado. En el supuesto de aprobarse un mandato de 5 años, se continuará con el proceso legislativo correspondiente; si el sentido del resultado fuera por un mandato de 2 años, se interrumpirá dicho proceso legislativo.”

Navarro Steck indicó que, aunque los dirigentes presentaron las demandas a título personal, cuentan con el respaldo de los centros patronales de Baja California, no solamente porque la intentona de los diputados viola los derechos ciudadanos, sino que afectaría el orden jurídico y la constitucionalidad del próximo gobierno.
Se trata de una acción a todas luces ilegal ya que además de violarse preceptos constitucionales en materia electoral, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California en su Artículo 73 Bis 7, a la letra dice que: “No podrán ser objeto de Consulta Popular la materia electoral…,.”

Tramposamente los diputados buscan legitimar políticamente un acto que se tiene que determinar por la vía jurídica, como es el caso de pretender ampliar el periodo del próximo gobierno del Estado de 2 a 5 años, señaló el presidente de la Coparmex Ensenada.

Navarro Steck manifestó que además de estas demandas de garantías, la Coparmex está lista para interponer los recursos necesarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que el Decreto para ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno sea publicado en el Periódico Oficial del Estado para que sea la Corte los que determinen lo procedente.

Amparo contra inacción del Congreso para publicar decreto
En ese sentido, Navarro Steck también manifestó su apoyo al Juicio de Amparo 763/2019, promovido por el ex presidente del Centro Empresarial de Mexicali Francisco Florentini Cañedo en contra de la inacción del Congreso del Estado para enviar al Gobernador el Decreto del 9 de julio, que pretende reformar el Artículo 8 transitorio de la Constitución, para su publicación en el Periódico Oficial.
Esta demanda también incluye al propio titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Secretario General de Gobierno y al Oficial Mayor en su carácter de director del Periódico Oficial del Estado, informó Marco Navarro Steck.
El dirigente dijo que se pretende obligar por la vía legal, que el Congreso del Estado turne al Gobernador el decreto para que este sea publicado en el Periódico Oficial y “la reforma entre en vigor”, con el objeto de que pueda ser impugnada ante Suprema Corte de Justicia de la Nación y sea ésta la que determine la validez o no de la medida.

Mientras tanto, señaló, la Coparmex mantendrá en su posicionamiento en el sentido de que dicha Ley es violatoria a la Ley Electoral a la Constitución Política del Estado y a la Constitución General de la República, situación que afecta el orden legal, la democracia y la certidumbre jurídica que debe prevalecer entre la ciudadanía de que sus garantías son respetadas.




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