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Maduro y Narcoguerrila ponen en jaque los derechos humanos

23 de febrero de 2018 8:52 am | Internacional | Ciudad de México

La marcada debacle de los derechos humanos durante 2017 en las Américas consolidó al hemisferio como uno de los más desiguales y violentos del mundo, advirtió ayer Amnistía Internacional.

“Las Américas han presenciado una regresión preocupante de los derechos humanos durante el último año”, aseguró Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización, al difundir su informe anual en el que evalúa a 159 naciones. “Si no hay un cambio significativo en las respuestas de los Estados, lamentablemente esta crisis sólo terminará profundizándose”.

El organismo, con sede en Londres, se refirió a la coyuntura venezolana como una de las peores crisis de derechos humanos en la historia reciente, y señaló que se ha agravado debido a “una escalada de violencia patrocinada por el gobierno”.

Guevara indicó que Venezuela vivió una de las crisis “más alarmantes” porque además de una situación política caótica y una escasez aguda de alimentos y medicinas, las fuerzas de seguridad respondieron a protestas con fuerza excesiva, que incluyó detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual contra manifestantes.

Según se desprende del informe de Amnistía Internacional, el conflicto armado colombiano se intensificó en 2017 en algunas zonas del país, pese a la firma del acuerdo de paz con las FARC por la acción de otros grupos ilegales, especialmente por los enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por la desmovilización de la narcoguerrilla.

Específicamente, se menciona los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde en 2017 persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos.

Entre esas violaciones mencionan homicidios selectivos de afrodescendientes e indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual e instalación de minas antipersona.

En su reporte, Amnistía Internacional desgrana varios casos, como la muerte de 13 personas en un combate entre disidentes de las FARC y el ELN en el departamento de Nariño o la presencia de grupos herederos del paramilitarismo en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia. Además, el informe se refiere a la “impunidad por los crímenes cometidos” por la desarmada FARC en medio del conflicto armado.

Amnistía llamó la atención acerca de una crisis de refugiados “aún invisible”, generada por la negativa de EU y otros países a conceder asilo a cientos de miles de salvadoreños y hondureños que huyen de la violencia.




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