Baja California - Viernes 25 de Mayo

Admite, pero aún no resuelve la Corte la negativa de llevar agua a la Costa

23 de enero de 2018 10:03 pm | Regional | Mexicali, BC

La admisión de la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que permite dos desalinizadoras para dotar de agua a la Zona Costa y demandada por once de los 25 diputados del Congreso bajacaliforniano, implica que será estudiada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que sea un indicador de suspensión o invalidez del decreto.

La Suprema Corte de Justicia, al cumplirse con los requisitos de forma contra la validez del Decreto 98 de la Legislatura local con el recurso 2/2018, dió con "darle vista" (informar o dar a conocer) el recurso para que rindan un informe al organo federal en un plazo de 15 días.

Los diputados locales que se inconformaron con el Decreto que permite las desalinizadoras fueron Catalino Zavala y Víctor Morán de Morena; los priistas Bernardo Padilla, Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Benjamín Gómez y Patricia Ríos; así como Luis Moreno de Encuentro Social; Claudia Agatón del PT y Jorge Eugenio Núñez del local Partido de Baja California.

El argumento para demandar la inconstitucionalidad del Decreto 98, fue por citar a sesión extraordinaria de manera abrupta, sin tiempo suficiente para asistir a la sesión y en forma selectiva el pasado primero de diciembre lo que impidió la presencia de los legisladores en contra del dictamen.

Señalaron que el presidente del Congreso, el panista Raúl Castañeda Pomposo, citó a sesión extraordinaria de manera abrupta y selectiva para garantizar solamente la presencia de los 13 diputados y sus aliados y votar el dictamen que posibilita la participación de consorcios internacionales en la desalinización de agua del Océano Pacífico para consumidores domiciliarios, comerciales e industriales de la Zona Costa.

Christian Ornelas Islas, Coordinador de Amparo de la Dirección Jurídica Contenciosa del Gobierno del Estado, reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver que el decreto no reúne las características de generalidad y abstracción, necesarias para la procedencia de la acción.




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