Baja California - Sábado 17 de Febrero

Pide Tijuana, juicio político contra la magistrada Flor Arguilez

26 de julio de 2017 3:49 pm | Regional | Mexicali, BC

El gobierno municipal de Tijuana, presentó este miércoles, una solicitud de juicio político contra de Flora Arguilez Robert, magistrada del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo (TJA) de Baja California por violaciones cometidas al otorgar un amparo a los taxistas tijuanenses.

Raúl Felipe Luévano Ruiz, secretario del ayuntamiento de Tijuana, presentó el recursos directamente ante el Congreso del Estado la demanda de juicio político y la petición de la destitución de la funcionaria encargada de impartir justicia, por validar documentos sin validez oficial, ordenar el reintegrar a los taxistas a los sitios o lugares de donde fueron removidos y actuar con parcialidad.

El secretario del ayuntamiento tijuanense, acompañado de Leonardo Martínez, Consejero Jurídico del municipio, entregaron el legajo de la demanda pior considerar que el haber otorgado el recurso de la suspensión provisional (amparo) a la organización de los taxis amarillos desalojados de la zona de las garitas, lo que les lleva a pedir al Congreso la demanda de juicio político.

Luévan Ruiz señaló que la magistrada incurrió en graves violaciones a la ley al otorgar el amparo a los taxistas amarillos, desalojados de nueve sitios en las inmediaciones de las garitas de San Ysidro y El Chaparral en Tijuana, donde cometían toda clase de tropelías e incluso cobraban tarifas fuera de las autorizadas.

El secretario del ayuntamiento señaló que, entre las faltas cometidas por la magistrada Arguilez está el otorgar la suspensión provisional a los concesionarios de los taxis amarillos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Cam´pesinos (Croc) para ordenar la reintegración de los espacios que ocupaban como sitio en las garitas a pesar de tener documentos vencidos desde hace casi dos años.

Expresó en entrevista que al negarse el gobierno municipal en acatar su resolución por las irregularidades, la magistrada emitió multas contra funcionarios municipales, incluso antes del vencimiento de los términos legales.

Luévano Ruz explicó que el ayuntamiento consideró estas actuaciones como actos viciados de parcialidad que es el punto principal de la demanda de juicio político.




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