Baja California - Sábado 23 de Septiembre

Con la omisión de Rosarito, en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción

17 de julio de 2017 4:35 pm | Regional | Mexicali, BC

Francisco Vega De Lamadrid, gobernador de Baja California firmó el decreto que crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) como parte de una reforma constitucional, después de haber sido aprobada la propuesta por el congreso del Estado y cuatro de los cinco municipios de la entidad.

El gobernador panista señaló que este sistema busca evitar actos de corrupción y transparentar el manejo de los recursos públicos de todo orden de gobierno, ello bajo un esquema donde la participación social tendrá un papel fundamental.

Vega De Lamadrid externó su beneplácito al dar un paso importante en la materia, pues este sistema busca evitar actos de corrupción y transparentar el manejo de los recursos públicos de todo orden de gobierno, ello bajo un esquema donde la participación ciudadana tendrá un papel fundamental.

El decretó deberá ser publicado este viernes 21 para poder posteriormente dar vida la Sistema Estatal Anticorrupción, que fue aprobado por cuatro de los cinco municipios, excepto el panista de Playas de Rosarito, que ni lo tomó en cuenta.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad hace un mes, la creación del nuevo sistema que fungirá como coordinador entre las autoridades estatales y municipales para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, fiscalización y control de recursos públicos, según establecieron.

El titular del SEA, el Fiscal Anticorrupción, será designado mediante una comisión integrada por tres diputados de la Comisión de Dictamen Legislativo y cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes tendrán a su cargo el proceso de evaluación y comparecencia de los aspirantes al cargo, cuyos candidatos finalistas serán sometidos a votación del pleno.

La aprobación de esta reforma, establece la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que perseguirá delitos relacionados con hechos de este tipo cometidos por servidores públicos y miembros de la sociedad, y que contará con autonomía técnica administrativa y operativa, personalidad jurídica y patrimonio propio.




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