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Estados Unidos extiende la política antiabortos a la asistencia extranjera

16 de mayo de 2017 11:41 am | Internacional | Washington, DC

El gobierno estadounidense amplió extensamente el alcance de una política que prohíbe la asistencia financiera a grupos extranjeros que practiquen o proporcionen información sobre el aborto, una decisión que para los críticos afectará el acceso de las mujeres a vital cuidado de salud.

Bajo la nueva política, los ocho mil 800 millones de dólares del presupuesto de asistencia nacional para una serie de programas de lucha contra el vih-Sida, malaria y la salud materna e infantil estarán sujetos a la llamada norma de Ciudad de México.

Establecida en 1984, la política prohíbe el financiamiento fiscal para servicios de planificación familiar por parte de clínicas o grupos extranjeros que ofrecen servicios de aborto o discuten el procedimiento, incluso si los fondos para esas actividades provienen de fuentes privadas. La regulación anteriormente se aplicaba a unos 600 millones de dólares de los fondos fiscales.

Desde que fue anunciada, la norma de Ciudad de México ha sido rutinariamente rescindida por los gobiernos demócratas y restablecida bajo los republicanos, y ha sido usada por los presidentes para marcar su posición en cuanto al derecho al aborto.

Críticos de la política la llaman la "ley global del silencio", y dicen que perjudica a las mujeres más vulnerables del mundo que dependen de los grupos humanitarios para atender su salud. Incluso cuando la política de Ciudad de México no está activada la ley federal estadounidense prohíbe el uso de fondos fiscales para el aborto en el extranjero.

El presidente Donald Trump, un republicano, restauró la regulación en enero poco después de asumir el cargo, pero además solicitó a las agencias gubernamentales preparar un plan para aplicar la política a "toda asistencia de salud global de todos los departamentos y agencias del gobierno estadounidense".

El secretario de Estado, Rex Tillerson, aprobó un plan para ampliar las disposiciones de la política al financiamiento de los programas contra el Sida, la salud materna e infantil, la malaria y otras iniciativas de salud, informó el Departamento de Estado.

El financiamiento incluye seis millones de dólares para el "Plan del Presidente para Aliviar el SIDA" o (PEPFAR, por sus siglas en inglés), el mayor proveedor de fondos en el mundo para medicinas contra el SIDA. Pepfar fue creado en el 2003 durante el gobierno de George W. Bush, y se le acredita con salvar millones de vidas y tiene apoyo bipartidista.

Otros programas afectados por la ampliación de la política son el llamado, "Proteger la Vida en la Asistencia de Salud Global", y la "Iniciativa Presidencial contra la Malaria", que recibió unos 621 millones de dólares en el 2016, según su sitio web.




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