Baja California - Domingo 20 de Agosto

Acusan a Leyzaola por detención, tortura y extradición ilegal

4 de febrero de 2017 12:51 pm | Nacional | Chihuahua, Chihuahua

El abogado Federico Solano Rivera urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República aceleren la investigación en contra de Julián Leyzaola Pérez acusado por la detención, tortura y extradición ilegal de su cliente Manuel Gerardo Velázquez Mascorro.

El litigante dijo que existe una demanda por 100 millones de dólares contra agentes de la DEA por el proceso ilegal en el que estuvieron involucrados agentes municipales, dos elementos de la corporación estadounidense y el militar retirado.

De acuerdo con el abogado, su cliente fue detenido de manera arbitraria e ilegal el 15 de agosto del 2014 a las 8:00 de la mañana en su domicilio particular “por elementos de la Policía Municipal del grupo táctico Jaguares, creado por el teniente coronel Julián Leyzaola, secretario de Seguridad Pública y por agentes de la DEA estadounidense”.

Velázquez Mascorro se encuentra desde ese día recluido en la penitenciaría de Sierra Blanca, Texas, donde espera sentencia que pudiera condenarlo a cadena perpetua.

El cargo es por un hecho registrado hace 10 años por una cantidad mínima de droga, dijo Solano Rivera.

El abogado Solano obtuvo un documento interno de investigación de la DEA donde se menciona que “el 15 de agosto del 2013, el agente especial Christopher Shary y el supervisor William Massey, fueron contactados por el agente especial Javier Barraza, declarando que Manuel Gerardo Velázquez fue detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, quien estaba dispuesto a ser deportado a Estados Unidos”.

El acusado sostiene que Javier Barraza fue quien lo golpeó en repetidas ocasiones en la Estación de Policía Babícora en esta ciudad y quien le tomó fotografías aún estando en su domicilio, cuando fue detenido por personas con el rostro cubierto con capuchas que pertenecían a la Policía Municipal, antes de ser trasladado al vecino país por el Puente Internacional de Zaragoza-Ysleta.

La denuncia que interpuso el abogado es por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones y traición a la patria, a los funcionarios mexicanos, dijo el abogado.




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