Baja California - Sábado 15 de Diciembre

Demandarán controversia constitucional contra la Ley del Agua

20 de diciembre de 2016 10:02 am | Regional | Mexicali, BC

Con el voto mayoritario de los trece diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y el apoyo de los legisladores Rocío López Gorozave del PRD y Job Montoya Gaxiola del Movimiento Ciudadano (MC), el Congreso del estado aprobó la controvertida Ley del Agua que permitirá la privatización del servicio de agua potable y alcantarillado en Baja California.

Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Encuentro Social (PES) y Morena, calificaron de inconstitucional la ley aprobada, violatoria a los derechos humanos y adelantaron que presentarán una controversia constitucional para echar abajo la aprobación de esta ley en una accidentada sesión extraordinaria. Luis Moreno Hernández del PES aseguró que la forma apresurada de aprobar esta ley, genera suspicacias sobre los intereses ocultos que se manifiestan.

La ley que permitirá emitir concesiones a la producción del agua a inversiones privadas, fue aprobada por quince votos a favor y diez en contra con modificaciones en los artículos transitorios para supuestamente evitar afectaciones a los trabajadores sindicalizados, de confianza y eventuales por el patrón sustituto al cambiar comisiones estatales de servicios públicos a organismos metropolitanos del agua.

Esta nueva ley, desaparece a los tres organismos operadores de agua portable actualmente existentes en el estado por dos figuras denominadas organismos metropolitanos de la Zona Costa y Mexicali, que podrán tener participación privada total o parcial, fijarán las tarifas indexadas a la inflación y tendrán el derecho de cortar el agua a los morosos de tres meses.

Catalino Zavala Márquez del partido Morena calificó la iniciativa como inconstitucional porque permite la suspensión total del servicio del agua a los usuarios domésticos, lo que choca con el reconocido derecho humano al agua, reconocido por la legislación federal.

Alejandro Arregui Ibarra, coordinador de la fracción del PRI, estableció una falta de credibilidad y rechazó la Ley de Aguas en el fondo y en la forma que se aprobó.

Destacó que los hechos violentos que se registraron de parte de burócratas tijuanenses, los constantes recesos en la sesión y la falta de pericia en la conducción de la sesión, dejan en claro el interés por aprobar "fast track", sin discusión la nueva norma jurídica.

Carlos Torres Torres, coordinador de los panistas calificó de "porros" a los manifestantes burócratas de Tijuana que se hicieron presentes en la sesión con gritos, insultos y actos de violencia, secundado por Victoria Bentley, dirigente estatal del Sindicato de Burócratas que incluso pidió al presidente del Congreso, presentar denuncias penales contra sus compañeros sindicalizados a quienes desconoció.

El presidente del Congreso, Raúl Castañeda señaló que tienen la facultad de utilizar la fuerza pública ante amenazas como las escenificadas la madrugada de este martes y que no permitirán que se vuelva a violar la soberanía del poder legislativo.

Sin embargo, nada dijo de la presencia de adictos que entraron encapuchados y se mantuvieron bloqueando una de las escaleras para impedir el acceso al segundo piso, los cuales estaban contratados por el la Mesa Directiva para actuar como grupo de choque contra los manifestantes.

"Hoy se rompieron los limites de respeto en todos los ámbitos y hubo actos porriles en los pasillos con personas de dudosa procedencia", indicó en el pleno el diputado priísta Bernardo Padilla Muñoz.

En la historia del Poder Legislativo, es la primera vez que se registra el ingreso de personas ajenas al Congreso --además de policías--, para servir como golpeadores contra bajacalifornianos que manifiestan su rechazo a las labores de los diputados.

Un encontronazo de jaloneos y violencia verbal con reporteros acreditados ante el Congreso, obligó a que se les ordenara el retiro a quienes estaban usurpando las labores de control y vigilancia del equipo de seguridad oficial del Legislativo, con la venia del presidente de la mesa directiva, que es el responsable.

Los diputados también por mayoría, aprobaron los presupuestos de egresos del Poder Ejecutivo por casi 44 mil 947 millones de pesos, al propio Legislativo por 599 millones y mil 24 millones aproximadamente para el Poder Judicial.

Al Instituto Estatal Electoral (IEE) se le asignaron 187 millones 344 mil pesos, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) casi 38 millones y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) fueron 14 millones de pesos, entre otros dictámenes aprobados

Las tablas de valores catastrales, base para el Impuesto predial y los ingresos de los cinco municipios fueron acordados por la mayoría panista, así como los egresos de




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