Baja California - Viernes 18 de Agosto

Deja el Congreso la víbora chillando en el diferendo territorial

29 de septiembre de 2016 10:06 pm | Regional | Ensenada, BC

Los diputados locales salientes, al resolver el diferendo territorial entre Ensenada y Rosarito, dejan la víbora chillando y ánimos de combate jurídico contra el dictamen.

Diputados locales salientes, entrantes, una legisladora federal, empresarios y en general representantes sociales de Ensenada, exigieron al alcalde Gilberto Hirata Chico, a presentar el recurso de controversia constitucional contra la determinación de la vigésima legislatura.

La Cámara Nacional de la industria de Transformación ensenadense se pronunció en contra de la resolución de la mayoría de los diputados acusando que se mutiló una fracción de 168 kilómetros cuadrados de zona costera y tierra adentro al municipio de Ensenada.

“No estamos de acuerdo en virtud de que los legisladores que aprobaron el dictamen lo hicieron sin tomar en cuenta las pruebas que el municipio de Ensenada y el Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio (GIT), aportaron en tiempo y forma”, señaló el presidente de Canacintra Jorge Eduardo Cortés Ríos.

Hay antecedentes históricos, técnicos y legales que le dan la razón a Ensenada, indicó, como el hecho de que Rosarito se escindió del municipio de Tijuana de donde era delegación y cuyo límite no debe ir más allá de lo que histórica y legalmente estaba establecido desde que se conformó el Estado de Baja California.

Cortés Ríos señaló que el conflicto se deriva de una equivocación por parte de los legisladores locales cuando en 1995 otorgaron el estatus de municipio a Rosarito dotándole de 17 mil hectáreas que materialmente no existen ya que se equivocaron en la resta del territorio de Tijuana.

Los diputados que aprobaron el dictamen 137 para favorecer a Rosarito, actuaron de mala fe y con toda premeditación, enfatizó, ya que lo hicieron solo 48 horas antes de terminar su periodo cuando tuvieron tres años para resolver el conflicto y no lo hicieron para evitar dar la cara a la población.

Manifestó el presidente de la Canacintra Ensenada que el gobernador Francisco Vega De Lamadrid vete la resolución y la regrese a la nueva legislatura para que sea analizada con objetividad, imparcialidad, con legalidad, en base a las pruebas técnicas y jurídicas por encima de intereses económicos y políticos.

La diputada electa Rocío López Gorozave del PRD, calificó de totalmente injusto e irracional que la creación de un nuevo municipio perjudique el patrimonio de uno colindante, y adelantó que velará por la armonía entre los diferentes municipios con una postura responsable, objetiva y ecuánime.

Por su parte Claudia Agatón Muñiz, diputada electa, dijo que debe quedar claro que no vamos a permitir que se consume este robo territorial, porque se violentó el proceso y se torció la decisión cuando la actual Legislatura está ya en el ocaso de su periodo.

Agregó que intereses particulares empujaron esta decisión porque las raíces de dichas inversiones están íntimamente ligadas a las ambiciones de un grupo encabezado por Hugo Torres Chabert. Y que en su momento el desarrollo inmobiliario de esa región implicará que se eleve el valor de los predios y por tanto la recaudación municipal por concepto de pagos de impuestos derechos y servicios.

Propuso unir a los equipos jurídicos con el Comité Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada, para acudir ante el gobierno del estado e impedir que sea publicada en el Periódico Oficial y solicitar que se regrese al Poder Legislativo para que sea retomado por la próxima legislatura”, expresó con firmeza.

Como un acto irresponsable en donde se vislumbran altos niveles de corrupción, fue calificada la determinación del Congreso por Eloísa Talavera Hernández, vicecoordinadora de proceso legislativo del PAN en San Lázaro.

Aseguró que con la constitución de Rosarito como municipio en 1995, deliberadamente y atendiendo intereses económicos particulares, se delimitó incorrectamente los límites con Ensenada, iniciando así una batalla jurídica que ha durado más de 20 años y 7 legislaturas locales.

Exigió al gobierno municipal a iniciar una controversia constitucional para enfrentar lo que calificó como un artero despojo al pueblo ensenadense.

Por su parte, Laura Torres Torres, habló en favor del dictamen que ofrecerá certeza jurídica de sus propiedades, podrán arraigar sus anhelos y esperanzas

Indicó en un comunicado que "simplemente se aplicó la ley ante las interpretaciones distintas que se hacían en torno al problema de límites territoriales”,

Argumentó que ahora tendrán la plena certeza jurídica de sus propiedades y podrán arraigar plenamente sus anhelos y sus esperanzas.




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