Baja California - Lunes 16 de Octubre

2018 la elección más cara de la historia, ¡ya basta!

5-10-2017  |  Invitado  |  Artículo

No son solamente los seis mil 788 millones de pesos que recibirán los partidos políticos nacionales en el 2018 los que deben ponerse bajo la lupa, son al menos 34 mil 200 millones de pesos.

Ese es el costo que pagaremos los contribuyentes por tener elecciones en el 2018 si la Cámara de Diputados no hace nada para frenar la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda a solicitud del INE y lo órganos jurisdiccionales electorales.

En momentos donde el país requiere la solidaridad de los mexicanos para la reconstrucción de las zonas devastadas tras el sismo, la sensatez deben tenerla los diputados, como nuestros representantes, para enmendarle la plana al INE y a los partidos políticos.

Ellos son quienes tienen la facultad constitucional exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos y junto con el Senado realizar las reformas constitucionales y legales para que este despilfarro de recursos en el 2018 no se lleve a cabo.

El Presupuesto de Egresos solicitado por el Instituto Nacional Electoral contempla 25 mil 45 millones de pesos, que en comparación al 2017 crece su presupuesto en diez mil 700 millones de pesos.

Será la elección más cara de la historia, 66 por ciento más cara que la del año 2012 cuando su presupuesto fue de 14 mil 953 millones de pesos.

Los 25 mil millones de pesos incluyen seis mil 778 millones de pesos que se repartirán entre los partidos con registro nacional: cuatro mil 200 millones para gasto ordinario y dos mil cien millones de pesos para gasto de campaña.

La Constitución y la Ley General de Partidos Políticos establece la fórmula para obtener el gasto ordinario, multiplicando el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

De ese monto se entrega 50 por ciento adicional si hay elección presidencial o 30 por ciento más si solo hay legislativas.

Pero no será el único recurso que recibirán los partidos; la misma fórmula aplica en los estados del país. Así, los que cuenten con registro estatal recibirán además cinco mil 130 millones de pesos de los presupuestos de sus estados; presupuesto que se incrementa hasta en un 44 por ciento en los estados con elección.

El próximo año habrá elección para gobernador en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los partidos en esos estados recibirán 50 por ciento más de gasto para campañas y en 20 estados más habrá elecciones legislativas por lo que se sumará un 30 por ciento más a su gasto. En total los partidos políticos se repartirán al menos un total once mil 904 millones de pesos.

El Presupuesto solicitado por el INE de 25 mil millones de pesos contiene 520.8 millones de pesos para renta de vehículos, 72 millones de pesos para lavandería incluyendo un millón de pesos para
lavandería de los consejeros electorales, 802.7 millones para bonos de personal, 65 millones para viajes nacionales y al extranjero, 350 millones de pesos para dietas de consejeros, un 7.1 por ciento más de recursos para renta de oficinas y la basificación de 357 trabajadores de la Unidad de Fiscalización.

Por su parte, el Tribunal Electoral presupuesta tres mil 893 millones de pesos y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales 162 millones de pesos. La suma del Presupuesto del INE, el Tribunal Electoral y la Fepade da 29 mil 70 millones de pesos del Presupuesto Federal para 2018; al que debemos agregar los cinco mil 130 millones de pesos que destinarán los estados a los partidos políticos.

Constitucionalmente, los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos que hacen posible su acceso al poder público. ¿Por qué debemos financiar nosotros sus aspiraciones? Los partidos deben
financiarse por sus militantes y simpatizantes; la tecnología que se utiliza para fiscalizar a los contribuyentes debe utilizarse también para rastrear la huella, conocer el origen y el destino de los recursos utilizados por los partidos venga de quien venga, esa no debe ser limitante para eliminar totalmente su financiamiento público.

Es una exigencia ciudadana, que cueste menos la elección y que el dinero sirva para la reconstrucción de México.

El autor es abogado fiscalista, socio del despacho Intellex: Soluciones Fiscales. omar.borbon@gmail.com



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